UGT DENUNCIA ANTE EL DIRECTOR GENERAL DE LA AEAT LOS RIESGOS EXISTENTES EN VIGILANCIA ADUANERA

UGT lleva años denunciando públicamente el desastre organizativo y presupuestario existente en Vigilancia Aduanera, así como la falta de transparencia existente al respecto amparada por la Dirección General de la AEAT.


Esta situación queda patente claramente si observamos la gran cantidad de riesgos laborales a los que están expuestos estos trabajadores y a la falta de cumplimiento de las normativas preventivas por parte de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), llegándose a amparar en que no se puede aplicar al personal de Vigilancia Aduanera la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales en base a lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del Real Decreto 67/2010, cuando estos incumplimientos no tienen relación con la actividad o función operativa de resguardo aduanero que pudiera impedir la aplicación de la LPRL (como podría ser la forma de realizar un seguimiento o un abordaje de una embarcación, etc…) o informando que en el caso de las embarcaciones de VA son establecimientos militares al ser consideradas buques auxiliares de la Armada, cuando estas embarcaciones son adquiridas por la AEAT y sus tripulaciones estás formadas por funcionarios de VA, no existiendo personal militar en éstas, además de no tener que cumplir con los estándares de seguridad de la Armada Española, ni los de la Marina Mercante.

Según los últimos datos facilitados por la AEAT, la plantilla de Vigilancia Aduanera está formada por 142 funcionarios A1 del Cuerpo Superior de VA, 517 funcionarios A2 del Cuerpo Ejecutivo de VA, 1611 C1 del Cuerpo de Agentes de VA y 59 funcionarios de distintas escalas a extinguir, en definitiva, Vigilancia Aduanera tiene un total de 2.329 empleados públicos el 9% de la plantilla total de la AEAT, a los que la Dirección de la AEAT parece que abandona a su suerte, negándose a dar explicaciones sobre los problemas existentes y los riesgos a los que están expuestos.

Se puede comprobar fácilmente el derroche de dinero público por parte de la DAVA si comprobamos las distintas licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Estado en los últimos años, como es el caso de la adquisición de embarcaciones que no sirven para Vigilancia Aduanera como es el caso de la embarcación CÓNDOR por más de 8 millones de euros (noticia publicada por eldiario.es), así como la adquisición y adaptación de embarcaciones de Salvamento Marítimo con más de 20 años de antigüedad (algunas de las cuales se han declarado inoperativas tras pasar tres años) o la adquisición de las embarcaciones semirrígidas Fénix por más de 500.000 € cada una, que son un peligro para las tripulaciones que las utilizan.

También se observa este descomunal gasto con el mantenimiento de la flota de aviones que posteriormente se subastan por un precio irrisorio muy inferior al coste del contrato de mantenimiento de los motores de éstos (que todavía estaba en vigor). Por no hablar de las consecuencias que implica para el trabajo de investigación que desarrollan los funcionarios de VA que durante tres años han utilizado un sistema de interceptación de telefonía móvil obsoleto que al parecer solo captaba un 25% de las llamadas, cuando se había adquirido un nuevo sistema israelí que han tardado dos años en instalar tras su compra (noticia publicada por eldiario.es).

A toda esta situación de derroche de dinero público se une la falta de transparencia de la Dirección General de la AEAT al negarse a dar explicaciones tras los escritos presentados por UGT reiteradamente y las solicitudes de reunión del Comité de Seguridad y Salud Intercentros de la AEAT para hablar exclusivamente de los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores de Vigilancia Aduanera y negociar temas tan importantes como es la necesidad de abordar el establecimiento de la segunda actividad para afrontar el envejecimiento de la plantilla.

En el escrito presentado al Director General de la AEAT hemos querido recoger la mayoría de las reclamaciones efectuadas por UGT durante los últimos años de cara a la posible presentación de una reclamación judicial.




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